TEXTO: ISABEL PRESTEL IMÁGENES: PLENA INCLUSIÓN
En España, la federación de entidades de personas con discapacidad intelectual, Plena Inclusión, lleva más de 50 años luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Su director, Enrique Galván, nos habla de la situación real de este colectivo, de sus progresos y sus retos.
Al navegar por la web de Plena Inclusión (www. plenainclusion.org) se descubre otra forma de sentir y vivir la discapacidad intelectual; sin complejos; con reivindicaciones y derechos. Derecho a una vida digna, a la plena ciudadanía, con participación en la vida social y política: educación, justicia, acceso a vivienda, a una vida laboral… Como la que lleva María, que trabaja en el comedor de un colegio porque disfruta pasando tiempo al lado de niños. O la de Diego, a quien le gusta trabajar en un supermercado, donde ya ha hecho prácticas como reponedor y donde sus compañeros le aprecian de verdad.
Y esa inclusión de este colectivo como ciudadanos de pleno derecho es lo que persigue con su labor esta asociación cuyos datos hablan por sí solos. Gracias a sus 17 federaciones autonómicas más Ceuta y Melilla atienden a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, lo que supone 235.000 familiares atendidos por 900 entidades en las que trabajan 4000 profesionales y colaboran 8000 voluntarios. Estas cifras son el resultado de nada menos que 53 años de intenso trabajo con una misión clara: «Contribuir, desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanía de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria», según se indica en su anuario y su web. Todo ello con un espíritu de base familiar vinculado a los derechos y a la promoción de apoyos de calidad. Así ha sido cómo poco a poco se han conseguido grandes logros. Enrique Galván es director de Plena Inclusión y nos habla de uno de los objetivos alcanzados: las oposiciones para personas con discapacidad, que se convocan desde 2011. «Es un gran logro porque supone un cambio de mentalidad de la administración pública, los sindicatos, los compañeros… Se ha tardado tanto en conseguirlo no porque estas personas tengan algún problema, sino porque lo tiene el entorno en el que viven, los modelos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, el estigma de lo que supone ser un discapacitado intelectual. Una vez que se supera esa limitación que la sociedad se pone a sí misma, descubrimos que contribuyen como actores, trabajadores, voluntarios en ONG… Pero sigue habiendo retos importantes».
Enrique Galván, director de Plena Inclusión España.
¿Qué implica la discapacidad intelectual?
Para entender de lo que estamos hablando es interesante saber a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad intelectual. Según se dice en la web de Plena Inclusión, la discapacidad intelectual «implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades y, por ello, su discapacidad parecerá menor». Por otro lado, se insiste en que las personas con discapacidad intelectual tienen, como el resto, posibilidades de progresar si reciben los apoyos adecuados.
Estos ciudadanos que deberían ser de pleno derecho son, según los datos del IMSERSO de finales de 2015, 268.633 personas con una discapacidad intelectual reconocida con grado igual o superior al 33%. Personas para las que Plena Inclusión pide que sean escuchados en el mismo nivel de atención, derechos e importancia que cualquier otra persona en materias tan sencillas como la educación y la vivienda, por ejemplo. No sólo se busca una formación inclusiva, sino que se pugna por que las personas con discapacidad no desaparezcan del sistema educativo a los 16 o 17 años. Respecto a la vivienda, una de las opciones que les parece más interesante es la de los pisos tutelados, donde pueden vivir de manera independiente y desarrollar un proyecto de vida. «Pedimos que la ley reconozca apoyos para la vida independiente. Por ejemplo, asistencia personal en comunidad y no en una residencia. Un tránsito de un sistema muy protector con una cartera de servicios muy estructurada a un apoyo más vinculado a la persona», afirma Galván.
En efecto esa es una de las claves de futuro que persigue Plena Inclusión para las personas con discapacidad intelectual: «Utilizamos un sistema de planificación centrada en la persona, que nos ayuda a poner el foco en sus deseos, competencias, aspiraciones… Antes se focalizaban sus limitaciones, ahora los informes deben decir todo lo que puede hacer la persona, su potencial». En ese sentido también están tratando de virar en el terreno judicial de la incapacidad a la capacitación. Enrique Galván: «En ese sentido hay una propuesta de ley en marcha con la que se está trabajando con el Ministerio de Justicia que nos satisface. Se trata de transformar la incapacitación en un sistema de apoyos para tomar decisiones en lugar de eliminar la capacidad de la toma de decisiones».
Derecho a la maternidad
En lo que se refiere a los derechos, aun hay algunos terrenos por conquistar, como el de la sexualidad o la maternidad. En concreto, la eliminación de la esterilización forzosa de una mujer, que va en contra de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Plena Inclusión considera esta medida «como una manera de aplicar violencia sobre el cuerpo de la mujer sin que ella lo desee». De hecho, tras la aprobación de la reforma electoral que ha permitido el voto a 100.000 personas con discapacidad intelectual en las pasadas elecciones en España, la modificación del Código Penal para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad es la próxima «lucha» legal de las asociaciones.
Parece que las perspectivas son buenas. El pasado octubre Ciudadanos registró en el Congreso una proposición no de ley reclamando esta reforma. Y el Ejecutivo anunció en febrero su intención de constituir una comisión de expertos con el objetivo de abordar esta tarea.
«La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Depende de la propia persona y de las barreras que tiene alrededor. Con un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades y, por ello, su discapacidad parecerá menor»
Protección a la infancia y la adolescencia
Otro frente parte de la aceptación de que estas personas son más vulnerables al maltrato, razón por la cual, en palabras de Enrique Galván, «tiene que haber planes de prevención con una carga específica concreta». Precisamente el pasado mes de enero, Plena Inclusión presentó ante el Gobierno una batería de propuestas para la modificación del anteproyecto de Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para que se tuviera en cuenta la mejor y mayor defensa de los derechos de estos menores. Inés de Araoz, del departamento jurídico de la confederación, afirma: «Necesitamos que la ley recoja nuestras demandas porque en la actualidad las cifras de desprotección que manejamos dibujan un escenario muy preocupante para la infancia con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias».
Galván afirma que «son estos niños y niñas los que sufren más a menudo la violencia. El cambio de la legislación es importante, pero debe venir acompañado de un aumento de la conciencia social sobre la gravedad del fenómeno». Para los responsables de esta confederación, la futura ley debe incluir medidas en los ámbitos familiar, educativo, social y sanitario que se deben poner en marcha de forma coordinada para prevenir, detectar, intervenir y apoyar a los menores y a sus familias.
Todas las iniciativas de Plena Inclusión tienen un fin muy sencillo: conseguir que las personas con discapacidad intelectual encuentren lo que buscamos todos. Como resume Enrique Galván: «Vivir una vida plena, viajar, trabajar, meterse en líos, tomar sus propias decisiones, lo que conlleva una vida para cualquiera».
Con Juntos Somos Capaces, ganamos todos
Conseguir la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual pasa irremediablemente por conseguir una vida laboral que les permita desarrollarse como personas y como profesionales. Fundación MAPFRE lo sabe y para contribuir a que se haga realidad, en 2010 lanzó el programa Juntos Somos Capaces cuyo objetivo es «impulsar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental fomentando las relaciones entre empresas y entidades sociales desde un enfoque innovador que permita la integración laboral de este colectivo», tal y como afirman en su web.
A lo largo de estos nueve años, se han facilitado becas de formación y prácticas en empresas a personas pertenecientes a estos colectivos con el fin de que puedan optar a insertarse laboralmente. Tanto es así que más de 3.504 personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental han conseguido un empleo gracias a este programa. Dos de ellos son Joel Martínez y Aridai Casas que trabajan en el Restaurante Cal Boig de Sabadell, desde 2016 y 2018 respectivamente. Y como ellos hay ya muchos más.
El éxito de esta iniciativa tiene que ver con que todos salen beneficiados. Por un lado las empresas, que reciben incentivos económicos gracias a subvenciones y ayudas públicas, al tiempo que cumplen con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Por otro, los propios trabajadores con discapacidad intelectual, que consiguen insertarse en la sociedad. Y, sobre todo, la sociedad en general, que logra un claro síntoma de avance en nuestra convivencia y de nuestros valores.