Los datos del desempleo y del aumento de la pobreza son escalofriantes en toda Europa y, concretamente en nuestro país. Por eso, entidades públicas y privadas, como Fundación MAPFRE, han convertido en prioritarias las campañas para dar soporte alimentario a colectivos en riesgo.
TEXTO: CRISTINA BISBAL IMÁGENES: FUNDACIÓN MAPFRE, ISTOCK
Los estragos de la COVID-19 no son solo sanitarios. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada en febrero de este año, nuestro país acabó 2020 con una tasa total de desempleo del 16,2 %. Esta cifra quizá no nos dé una idea del alcance del problema, quizás si hablamos de números absolutos es probable que impresione más. Nos referimos a 3.964.353 personas que están en estos momentos sin trabajo, es decir, no reciben sueldo. Y la perspectiva de encontrar otro trabajo no es buena visto lo visto. En absoluto.
La COVID-19 ha causado una recesión histórica y no se esperan mejoras evidentes hasta, al menos, finales de 2022. En este contexto no puede extrañarnos que la tasa de pobreza esté aumentando en toda Europa.
Olivier de Schutter, Relator Especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos en la Unión Europea presentó hace unas semanas las conclusiones preliminares de su misión en la Unión Europea: los resultados son escalofriantes. Más de 92,4 millones de personas —21,1 % de la población— sigue en riesgo de pobreza en la UE-27. Un total de 19,4 millones de niños están en riesgo de pobreza en toda la Unión.
Como afirma el Relator, estas cifras esconden rostros, «los de madres solas para quienes es prácticamente imposible hacer malabarismos con las responsabilidades laborales y de cuidado, adultos jóvenes que nunca terminaron la escuela y no pueden encontrar ingresos formales o estables, y personas que no pueden trabajar debido a su salud… He escuchado testimonios de personas que viven en la pobreza en todos estos grupos, que me han dicho que les gustaría seguir estudiando pero no pueden porque carecen de los medios para mantenerse a sí mismos y a sus familias; que esta es la primera vez en sus vidas que experimentan hambre; que son sometidos a malos tratos, en forma de control y castigo, en cada interacción con las administraciones».
La situación en España no es muy distinta. Bien al contrario, España ha fracasado en su compromiso europeo de la Estrategia 2020 para reducir su pobreza en 1,5 millones de personas. Así se deduce de un reciente informe Arope (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). A lo largo de los últimos diez años no sólo no ha reducido su pobreza, sino que ahora hay más personas en este umbral que hace una década. Solo en España, 12,3 millones personas (26,1 % de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Y atención, este informe se refiere a datos tomados entre 2008 y 2019. Es decir, se refieren a antes de la pandemia y, por lo tanto, no aparecen grupos que este año se han sumado a los sectores más desfavorecidos: autónomos o pequeños empresarios pertenecientes al mundo de la cultura; hosteleros con negocios arruinados, propietarios de tiendas de souvenirs que vivían del turismo, agencias de viajes… Personas que no perciben ninguna ayuda y que, por primera vez se han visto en la obligación de pedir para subsistir.
Ante las cifras tan dramáticas, debemos aumentar el esfuerzo para acercarse a cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2) de la Agenda 2030: conseguir que no haya hambre en el mundo
Otros informes sí incluyen la devastación económica post COVID. En él se incluye a las 790.000 personas que se estima han caído en la pobreza severa en nuestro país estos últimos 12 meses. «Los migrantes, jóvenes y mujeres son los colectivos más afectados por la desigualdad que ha provocado la pandemia». Sin embargo, las mil mayores fortunas del mundo ya han recuperado las pérdidas económicas originadas por la COVID-19.
Ante estas cifras tan dramáticas, debemos aumentar el esfuerzo para acercarse a cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2) de la Agenda 2030: conseguir que no haya hambre en el mundo. La propia Organización de Naciones Unidas asegura que, en la actualidad, una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada: alrededor de 815 millones de personas. Y advierte de que si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas en 2030.
Manos a la obra contra el hambre
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son parte fundamental de la labor de Fundación MAPFRE. Sin duda, el 2 es uno de los que más preocupa a la institución, ahora más que nunca. Miles de personas se han encontrado en situación de necesidad alimentaria por primera vez en su vida debido a la pandemia. Dar soporte alimentario a colectivos en riesgo se ha convertido en una prioridad para Fundación MAPFRE. Con tal objetivo, sus responsables han ampliado las iniciativas solidarias, públicas y privadas, con las que colaboran.
De todas las campañas puestas en marcha por la fundación, sin duda, la Tarjeta Alimentaria Familiar Fundación MAPFRE ha sido la más espectacular. Con un importe total de un millón de euros, sus portadores (3.400 familias) pudieron canjearlas por hasta 100 € en artículos de primera necesidad, en los más de 800 puntos de venta de Carrefour de todo el país. Las entidades sociales colaboradoras del programa Sé Solidario fueron las encargadas de repartirlas en base a su las situaciones de mayor riesgo social.
También hay proyectos que se centran en puntos concretos del país. Uno de ellos es Contra la pobreza alimentaria en Extremadura, gracias al cual, seis entidades asistenciales extremeñas se benefician de su apoyo económico para adquirir productos alimentarios básicos, especialmente productos frescos y proteínas que posteriormente distribuyen Hijas de la Caridad; San Vicente de Paúl; ONG Zafra Solidaria; Cruz Roja de Villanueva de la Serena y comarca; Cáritas de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Trujillo; y la Fundación San Juan de Dios de Almendralejo.
Fundación MAPFRE también apoya a los más necesitados en la ciudad de Madrid a través de distintas campañas y colaboraciones. Por ejemplo, con CESAL apoya el proyecto Que nadie se quede atrás: Emergencia STOPCORONAVIRUS, del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias a él, 1.000 personas en situación de vulnerabilidad reciben una comida diaria con el reparto de menús en Gastrolab Villaverde. También el proyecto Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masarnau, de la Sociedad de San Vicente de Paúl se beneficia de la labor de la fundación.
La etnia gitana recibe ayuda gracias a la colaboración firmada el pasado mes de junio con la Fundación Secretariado Gitano.
Porque la COVID-19 ha empeorado la situación de un colectivo ya de por sí vulnerable. Antes de la pandemia, el 86 % de la población ya vivía por debajo del umbral de la pobreza. Con el desarrollo del Fondo de Emergencia Social #JuntoAlasFamiliasGitanas se distribuirán 70.000 euros entre 29 localidades de 13 Comunidades Autónomas, que permitirá llegar a cerca de 700 familias gitanas. Finalmente, la Federación de Banco de Alimentos puso en marcha una campaña de recaudación del Día Global de Voluntariado; y el World Central Kitchen, que se encargó de distribuir 30.000 cenas de Navidad entre los colectivos más afectados por COVID.
¿Cómo se mide la pobreza?
Aunque la privación material severa y la pobreza son cosas diferentes, la primera sirve para hacernos a la idea de lo que significa la segunda. La PMS «incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar cuatro o más conceptos, ítems o elementos de consumo de un total de nueve considerados básicos en el territorio europeo», según el European Anti-Poverty Network (EAPN), Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea. Esos elementos son los siguientes:
- No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
- No pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
- No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos.
- Han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses.
- No pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
- No pueden permitirse disponer de un teléfono.
- No pueden permitirse disponer de un televisor.
- No pueden permitirse disponer de una lavadora.
- No pueden permitirse disponer de un automóvil.